Por Yanina Belén Fernandez

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el análisis histórico suele concentrarse en la ruptura institucional, el terrorismo de Estado y la tragedia humanitaria que atravesó la sociedad argentina. Sin embargo, la dictadura cívico-militar también implicó una transformación económica profunda cuyos efectos todavía condicionan el desarrollo y crecimiento del país.

El proyecto impulsado por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz significó la instauración de un nuevo modelo de acumulación basado en la apertura financiera, el endeudamiento externo y la redefinición del rol del Estado en la economía. Como señala Julián Zícari en su libro “Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura”, la gestión del ex ministro de economía no se limitó a aplicar un conjunto de medidas coyunturales, sino que buscó modificar estructuralmente el funcionamiento del sistema económico argentino.

Hasta mediados de la década de 1970, la economía argentina había desarrollado un esquema productivo basado en la industrialización sustitutiva, con un fuerte protagonismo del Estado en la planificación económica y una importante participación del salario en el ingreso nacional. En esos años, los trabajadores llegaban a participar en torno al 45 % del ingreso y la industria representaba cerca de un tercio del producto interno bruto.

El programa económico iniciado en 1976 implicó una ruptura con ese modelo. Uno de los pilares centrales fue la reforma del sistema financiero, consolidada con la sanción de la Ley de Entidades Financieras de 1977. Esta norma liberalizó el sistema bancario, desreguló el crédito y favoreció la expansión de un esquema financiero orientado más hacia la rentabilidad especulativa que hacia el financiamiento de la producción. En paralelo, la política de altas tasas de interés y la liberalización del movimiento de capitales promovieron un proceso que numerosos economistas caracterizaron posteriormente como “valorización financiera”.

El endeudamiento externo fue otro de los ejes centrales del nuevo esquema económico. Mientras que en 1975 la deuda externa argentina rondaba los 8.000 millones de dólares, hacia el final de la dictadura en 1983 había superado los 45.000 millones. Este incremento reflejó no solo la creciente integración de la economía argentina al sistema financiero internacional, sino también una estrategia económica que utilizó el crédito externo como mecanismo de reorganización estructural del modelo económico. A su vez el incremento del endeudamiento del sector privado fue creciendo en paralelo, con una crecida de préstamos bancarios y una caída de los depósitos a finales de la década del 70 y principios del 80’.

Consecuencias económicas: desindustrialización y cambio en la distribución del ingreso

Las transformaciones impulsadas por la dictadura tuvieron efectos profundos sobre la estructura productiva y social del país. La apertura comercial y financiera, combinada con la política cambiaria y de tasas de interés, generó un proceso de desindustrialización que afectó particularmente a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas.

Entre 1976 y 1983 el sector manufacturero sufrió una contracción significativa y miles de establecimientos industriales enfrentaron graves dificultades para sostener su actividad. Al mismo tiempo, la política económica produjo una fuerte modificación en la distribución del ingreso. Durante los primeros años de la dictadura se implementó un congelamiento salarial en un contexto de elevada inflación, lo que provocó una marcada caída del salario real y una reducción de la participación de los trabajadores en la riqueza nacional.

Este proceso económico estuvo acompañado por una fuerte represión del movimiento sindical y de las organizaciones sociales. La desarticulación de la capacidad de negociación de los trabajadores facilitó la implementación de reformas estructurales que difícilmente hubieran podido desarrollarse en un contexto democrático. De este modo, la transformación económica y el disciplinamiento político funcionaron como dimensiones complementarias de un mismo proyecto de reorganización social.

Desde una perspectiva histórica, el modelo inaugurado en 1976 implicó un desplazamiento de los principios que habían estructurado durante décadas la estrategia de desarrollo argentina: la centralidad del trabajo, el fortalecimiento del mercado interno y el impulso a la industrialización. En su lugar comenzó a consolidarse un esquema económico donde el capital financiero adquirió un peso creciente frente a la economía productiva. Así es como podemos confirmar que el proceso dictatoria vivido en los 70´no solo implicó una ruptura institucional, sino que funciono como antesala del neoliberalismo que se consolidaría en la década de 1990.

Un paralelismo contemporáneo: la reaparición del paradigma financiero

Revisar las transformaciones económicas iniciadas durante la dictadura resulta fundamental para comprender muchos de los dilemas que aún atraviesan a la economía argentina. Las discusiones actuales sobre deuda externa, estructura productiva y distribución del ingreso encuentran parte de su origen en aquel momento de inflexión que redefinió el rumbo del desarrollo económico nacional. Algunos rasgos del programa económico aplicado durante la dictadura vuelven a aparecer en el debate público a partir de las políticas impulsadas por el actual gobierno de Javier Milei. Aunque los contextos políticos son radicalmente distintos, diversos indicadores económicos muestran paralelismos en la orientación de las políticas neoliberales aplicadas.

Una de las primeras medidas del gobierno actual fue una fuerte corrección cambiaria. En diciembre de 2023 el tipo de cambio oficial sufrió una brusca devaluación inicial que superó el 50 %, acompañada por un esquema de depreciación mensual administrada. Esta medida se combinó con un programa de fuerte ajuste fiscal y liberalización de precios que produjo un salto inflacionario inicial muy significativo.

La evolución del IPC mensual muestra con claridad el patrón del programa económico: tras la fuerte devaluación de diciembre de 2023, la inflación alcanzó niveles extremadamente elevados (25,5 % en ese mes y más del 20 % en enero de 2024), para luego iniciar un proceso de desaceleración sostenida a lo largo de 2024. Sin embargo, esta baja no respondió a una recomposición del equilibrio económico sino a una fuerte contracción de la demanda interna, evidenciada en la caída del consumo, del salario real y de la actividad. Durante 2025 la inflación se estabiliza en niveles más bajos, en torno al 2 % mensual ,y 31,5% anual, pero consolidando un nuevo piso de precios significativamente más alto. De este modo, el proceso inflacionario no desaparece sino que cambia de régimen: pasa de una dinámica acelerada a una estabilización apoyada en el ajuste del ingreso y la recesión, con impacto directo sobre el poder adquisitivo y la economía real.

Los rubros que más aumentaron (alimentos, vivienda, salud y educación) son los que concentran el gasto del sector trabajador. Por eso, la inflación no impacta igual a todos: golpea con más fuerza a quienes viven de su ingreso. Este patrón recuerda lo ocurrido durante la última dictadura, donde la caída del salario real y la liberalización de precios también implicaron una transferencia de ingresos en contra de los trabajadores. Hoy, en un contexto distinto, vuelve a evidenciarse que los costos del ajuste recaen principalmente sobre la economía real.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 hasta fines de 2025 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos en el sector público nacional, entre despidos, no renovación de contratos y reducción de planteles. En términos relativos, esto implicó una caída cercana al 18 % del empleo público nacional. Pero Si se amplía la mirada al conjunto del mercado laboral, incluyendo el sector privado, la destrucción de empleo alcanza alrededor de 288.000 puestos de trabajo registrados en el mismo período. A esto se suma el cierre de más de 20.000 empresas, lo que refleja el impacto de la recesión sobre el entramado productivo.

El deterioro del ingreso real fue uno de los efectos más visibles de este proceso. Los salarios registrados crecieron en torno al 28,8 % durante 2025, pero quedaron por debajo de la inflación anual del 31,5 %, lo que implicó una nueva caída del salario real.  En términos más amplios, el poder de compra del salario mínimo también se redujo: hacia fines de 2025 representaba apenas el 56,8 % del valor de la canasta básica alimentaria y solo el 25,6 % de la canasta básica total.  Esto marcó fuertemente la impronta de fijar el ancla fiscal a través del achicamiento del gasto público como del congelamiento salarial.

La evolución del índice de salarios muestra con claridad el impacto del cambio de régimen económico iniciado a partir de diciembre de 2023 con la asunción de Javier Milei. Tras la fuerte devaluación y el salto inflacionario inicial, se observa una caída abrupta del salario real en ambos sectores, aunque con una dinámica diferenciada: mientras el sector privado logra una recuperación parcial durante 2024, sin alcanzar plenamente los niveles previos, el sector público permanece sistemáticamente rezagado, consolidando una pérdida mucho más profunda del poder adquisitivo. Hacia fines de 2025, los salarios privados aún se ubican por debajo del nivel base, mientras que los públicos muestran un deterioro significativamente mayor, reflejando el peso del ajuste sobre el Estado y sus trabajadores.

Este comportamiento no es casual, sino el resultado de un esquema económico que utiliza al salario como variable de ajuste para ordenar la macroeconomía. La combinación de devaluación, liberación de precios, recorte del gasto público y paritarias contenidas generó una transferencia regresiva de ingresos que afecta directamente a los trabajadores. Desde una perspectiva del justicialismo económico, estos datos reflejan una lógica ya conocida en la historia argentina: la estabilización basada en la caída del salario real y el debilitamiento del sector público como actor económico. En ese marco, la pérdida de poder adquisitivo no es solo un dato estadístico, sino la expresión concreta de un modelo que vuelve a relegar al trabajo frente al capital, erosionando el mercado interno y las condiciones de vida de las mayorías.

La política económica también incluyó un proceso de desregulación y actualización de precios en sectores regulados. En servicios como salud y medicamentos, la liberalización de precios produjo incrementos muy significativos: las cuotas de medicina prepaga llegaron a aumentar más de 240 % acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, mientras que algunos medicamentos registraron subas superiores al 200 %. 

En este contexto, otros indicadores refuerzan la magnitud del ajuste y sus efectos sobre la economía real. La recomposición de precios relativos impulsada desde diciembre de 2023 tuvo un impacto directo en el costo de vida: los servicios públicos experimentaron aumentos acumulados muy por encima del promedio general de precios, consolidando un cambio estructural en la composición del gasto de los hogares. Este proceso se combinó con una caída sostenida del consumo masivo, que durante gran parte de 2024 registró variaciones interanuales negativas de dos dígitos, reflejando el deterioro del ingreso disponible. Al mismo tiempo, la política de tasas de interés elevadas y la contracción monetaria profundizaron la recesión, afectando el acceso al crédito y limitando la capacidad de recuperación del sector productivo.

En términos sociales, la combinación de inflación acumulada, caída del salario real y destrucción de empleo configuró un escenario de fuerte retracción del poder adquisitivo, donde amplios sectores de la población vieron reducida su capacidad de consumo y ahorro. De este modo, el ordenamiento macroeconómico se sostuvo, en gran medida, sobre un proceso de ajuste que impactó de forma directa sobre trabajadores, jubilados y pequeñas y medianas empresas, consolidando un esquema donde la estabilización se apoya en la contracción de la demanda interna.

En paralelo, la apertura comercial impulsó un aumento significativo de las importaciones de bienes de consumo. En 2025 las importaciones en ese rubro crecieron alrededor de 55 %, impulsadas por la reducción de aranceles y la flexibilización de las compras al exterior. Plataformas globales de comercio electrónico como Shein, Amazon o Temu comenzaron a ganar terreno en el mercado argentino, generando tensiones con sectores industriales locales, particularmente en la industria textil. 

Las similitudes entre ambos períodos han reavivado una discusión histórica sobre los modelos de desarrollo en la Argentina. En ambos casos, la estabilización macroeconómica se articuló con políticas de liberalización económica, apertura comercial y reducción del peso del Estado en la economía. Sin embargo, mientras el programa de 1976 fue implementado en un contexto autoritario, las reformas actuales se desarrollan dentro de un sistema democrático con debate público e instituciones representativas. Aun así, el paralelismo reabre una pregunta central de la historia económica argentina: si el crecimiento económico debe basarse principalmente en la apertura financiera y la integración a los mercados globales o en el fortalecimiento del aparato productivo y del mercado interno con salarios competitivos tal como lo ofrece el justicialismo.

Desde la perspectiva del justicialismo económico, el análisis de estos procesos invita a reflexionar sobre los modelos de desarrollo que atraviesan la historia argentina. Las políticas económicas no son únicamente decisiones técnicas: también implican una determinada visión sobre el rol del Estado, el trabajo, la producción y la organización social. En ese sentido, muchas de las medidas que hoy se discuten encuentran paralelismos con las transformaciones iniciadas durante la dictadura cívico-militar de 1976.

En ambos casos, junto con las reformas económicas aparece un proceso de construcción cultural y discursiva que busca instalar determinadas ideas en la sociedad: el descreimiento en la política, la desvalorización de las políticas públicas y la percepción de que el Estado es ineficiente o innecesario. Este tipo de narrativas impacta directamente en la opinión pública y modifica las relaciones de poder dentro de la economía. Cuando el miedo, la incertidumbre y la inestabilidad se vuelven parte del clima social, el sector trabajador tiende a perder capacidad de organización y de negociación frente a los sectores concentrados de la economía.

Por eso, a cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la reflexión sobre la historia económica argentina también es una forma de memoria colectiva. Recordar ese período implica no solo analizar sus consecuencias económicas, sino también reconocer el costo humano y social que implicó aquel proyecto de reorganización económica y política. La memoria sigue siendo un compromiso activo con el presente y el futuro. Por eso, al recordar a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, se renueva una consigna que atraviesa generaciones: más memoria, más verdad y más justicia.