Por Hernán P. Herrera, Coordinador del área de economía, Instituto Argentina Grande (IAG).

La evidencia que se puede recabar en estos años del gobierno actual revela un patrón preocupante: la estabilización macroeconómica, aunque efectiva en términos de control inflacionario y equilibrio externo de corto plazo, ha dependido en gran medida de una contracción deliberada de la demanda interna y de un giro hacia exportaciones primarias con bajo encadenamiento productivo, amén de los salvatajes de deuda y del gobierno de EEUU, que apoyaron al gobierno libertario.

Este enfoque resuelve temporalmente la restricción externa mediante una reducción de la actividad económica —lo que implica menores importaciones—, pero a costa de erosionar la capacidad productiva instalada, el empleo formal y los fundamentos fiscales y tecnológicos esenciales para una reactivación duradera. En esencia, se sacrifica la densidad productiva en favor de un modelo que privilegia enclaves extractivos, reproduciendo desigualdades estructurales y limitando el potencial de crecimiento inclusivo.

Los indicadores laborales existentes ilustran esta dinámica con buena claridad. Entre noviembre de 2023 y fines de 2025, el empleo privado registrado experimentó una caída pronunciada, afectando a 22 de las 24 jurisdicciones del país y resultando en la pérdida de aproximadamente 193.600 puestos formales privados, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Sectores clave como la industria manufacturera y la construcción han sido los más golpeados, con más de 60.000 empleos perdidos en la primera y alrededor de 66.000 en la segunda. Esta contracción no se limita a fluctuaciones cíclicas; representa una desarticulación profunda del tejido productivo, que por momentos parece intencional, si uno toma los dichos del ministro de economía, Caputo.

La situación se ve agravada por el cierre neto de empresas (21.938 hasta noviembre 2025, según SRT), predominantemente micro y pequeñas, que sostienen cadenas locales de valor. En paralelo, la producción industrial ha registrado retrocesos significativos, con niveles de utilización de capacidad instalada que en ramas como el textil caen por debajo del 50%, según el INDEC. Estos patrones se alinean con una tendencia más amplia: la destrucción de capital físico especializado, redes de proveedores locales y acumulación de conocimiento, elementos irremplazables para la competitividad a largo plazo.

Esta erosión se ve potenciada por la reconfiguración que busca introducir la reforma laboral, que incluye mecanismos como el banco de horas, la extensión de jornadas hasta 12 horas diarias, el cálculo de indemnizaciones sobre bases reducidas y la expansión del monotributo como modalidad predominante de contratación. Tales cambios disminuyen el costo laboral desde la óptica empresarial, pero trasladan inestabilidad y riesgos al trabajador, fomentando un mercado de trabajo caracterizado por jornadas extendidas —con un incremento promedio de más de tres horas semanales en el tercer trimestre de 2025 respecto al año anterior, según indicadores del Instituto Argentina Grande— y un auge en el empleo desprotegido, que supera los seis millones de personas. Este escenario no refleja ganancias de productividad genuina, sino un ajuste vía depreciación salarial real, que profundiza la desigualdad y debilita la demanda agregada.

En efecto, el ajuste estatal del 27% sobre 2023 (en términos reales en base al IPC actual) tiene el propósito de liberar de impuestos a los sectores más acomodados y con mejores rentabilidades del país, lo cual conforma un importante golpe sobre la demanda interna.

Al mismo tiempo, las políticas de atracción de «grandes inversiones» del RIGI —que busca traer estabilidad fiscal, exenciones arancelarias y facilidades cambiarias a largo plazo— perpetúan un modelo de enclave que prioriza la extracción rápida de divisas sin contrapartidas en integración local. Esto es muy grave y el corazón del modelo de Milei.

Estos instrumentos carecen de requisitos obligatorios en términos de contenido nacional, desarrollo de proveedores o transferencia tecnológica, lo que resulta en flujos de inversión que generan beneficios inmediatos, pero no estimulan el arrastre industrial ni la difusión de innovaciones, tal como ocurrió en la Argentina de los noventas. Como consecuencia, la ventaja comparativa en recursos naturale se consolida como un destino inmutable, en lugar de servir como catalizador para el desarrollo. Este enfoque contrasta con experiencias exitosas en otros países emergentes, como el caso de Noruega con su fondo soberano petrolero, que ha canalizado rentas extractivas hacia diversificación productiva, logrando un PBI per cápita superior a los 100.000 dólares en 2025, según datos del Banco Mundial.

El diagnóstico teórico y empírico es inequívoco: depender exclusivamente de la explotación de recursos naturales condena a una inserción internacional primaria que impide la convergencia con economías avanzadas. Investigadores como Hallak y López enfatizan que el crecimiento sostenido requiere un patrón de especialización más complejo y sofisticado, donde los recursos naturales actúen como insumos para cadenas de valor agregadas, no como fin en sí mismos. La dependencia de commodities ha incrementado la volatilidad del PBI en un 15% adicional entre 2023 y 2025, comparado con periodos previos, subrayando la necesidad de diversificación para mitigar shocks externos como variaciones en precios globales de soja o litio.

Ante este panorama, la prioridad de política pública radica en revertir la pérdida de densidad productiva sin comprometer la estabilidad macroeconómica alcanzada. Esto no implica un regreso a esquemas proteccionistas indiscriminados ni una sustitución estatal del sector privado, sino la implementación de una arquitectura institucional orientada, condicional y evaluable que movilice recursos fiscales y financieros para revitalizar encadenamientos y capacidades. En primer lugar, se podría reformar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), reorientándolo hacia condicionamientos estrictos: las exenciones tributarias y garantías de estabilidad deben ligarse a metas cuantificables, como un porcentaje mínimo y progresivo de compras a proveedores locales, cronogramas de incorporación de contenido nacional en bienes de capital, y cláusulas de reinversión de utilidades en capacitación y transferencia tecnológica. La duración de estos beneficios debería apuntar al cumplimiento, adoptando estándares para inversión extranjera, con revocaciones parciales para proyectos que operen como enclaves puros.

No va a ocurrir en la actual gestión nacional, pero se requiere fortalecer la banca pública de desarrollo ofreciendo líneas de crédito en moneda local a plazos extendidos —de 10 a 15 años— y tasas subsidiadas solo para iniciativas que cumplan con umbrales de contenido local y gasto en investigación y desarrollo. Esto podría extenderse a instrumentos de financieros para start-ups industriales y fondos de capital de riesgo público-privados, fomentando la escalabilidad de innovaciones nacionales, y fomentando a la vez el mercado interno.

Asimismo, una política de compras públicas estratégica debe centralizarse a nivel federal y provincial, priorizando proveedores domésticos en sectores con alto potencial de encadenamiento, tales como maquinaria agrícola, biotecnología, minería, equipos para energías renovables y componentes de electromovilidad, con metas explícitas de adquisición local y mecanismos de evaluación transparente.

Para potenciar los proveedores locales y el desarrollo de clusters, se deben impulsar programas de vinculación entre demandantes y proveedores, donde proyectos de gran escala financien la certificación, modernización y capacitación de pymes locales, respaldados por créditos blandos y garantías condicionadas a contratos de suministro con compradores ancla. En un enfoque regional y federal, los instrumentos deben adaptarse a las ventajas comparativas provinciales, fortaleciendo agencias locales de desarrollo productivo y articulándolas con un observatorio nacional de encadenamientos, mientras se destinan fondos para reconvertir zonas impactadas por cierres masivos mediante incentivos a la relocalización y programas de empleo transitorio.

En el ámbito de la energía, clave para la inserción de la Argentina en la transición energética, las políticas y la coordinación estatal de energía para esos proyectos, deben condicionar permisos y beneficios en Vaca Muerta y el litio a la integración local, promoviendo refinación, plantas de ensamblado de celdas y fabricación de equipos con cronogramas técnicos obligatorios, junto con incentivos para downstream en baterías, paneles solares y turbinas. Para asegurar una transición justa en el mercado laboral, esquemas temporales de subsidios salariales deben vincularse, al contrario que la propuesta de reforma, en robustecer la protección por desempleo y programas de reconversión articulados con la banca de desarrollo para absorber mano de obra reentrenada.

Toda esta agenda demanda un marco de monitoreo y gobernabilidad muy fuerte y conducido por el Estado nacional, inteligente, pero enfocado, con un sistema de evaluación independiente —integrado por paneles académico-privados— que publique indicadores periódicos sobre contenido local, empleo generado, inversión en I+i+D y cumplimiento contractual. La transparencia en contratos RIGI y acuerdos con inversores, incluyendo cláusulas públicas de cumplimiento, es esencial para legitimar estas intervenciones.

El financiamiento subyacente no se centra en subsidios incondicionales, sino en alineaciones que resuelvan fallas de mercado inherentes, como la subinversión en encadenamientos que los actores privados no internalizan por sí solos, tal como explicaba Alice Amsden sobre el caso del sudeste asiático. La experiencia comparada —desde Corea del Sur con sus chaebols coordinados estatalmente hasta Brasil con su Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social— demuestra que la industrialización exitosa combina protección selectiva, financiamiento público, innovación privada, compras estratégicas y evaluación rigurosa.

En la Argentina, las metas deben cuantificarse, por ejemplo, de modo didáctico, pero a analizar, con un mínimo del 40% de contenido local en bienes de capital para proyectos incentivados, integración de al menos 50 pymes por iniciativa mayor y un 5% de inversión en investigación y desarrollo, con revisiones periódicas. Solo así las políticas transitarán de ser un mero enunciado a una estrategia operativa para reconstruir densidad productiva. Si la estabilización macro se logra degradando capacidades productivas y estatales, el equilibrio resultante será precario y socialmente costoso, y llevará a la ruptura más temprano que tarde. Como destacan estudios sobre la inserción productiva argentina, el reto no radica en rechazar los recursos naturales, sino en transformarlos en palancas de valor agregado mediante intervenciones públicas activas, condicionales y técnicamente sólidas. Un concepto adicional para integrar es el de «desarrollo productivo inclusivo», promovido por la CEPAL, que enfatiza la necesidad de políticas que no solo generen crecimiento, sino que distribuyan equitativamente sus beneficios, evitando la polarización observada en la Argentina, donde la desigualdad promete aumentar fuertemente.