Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei ha hecho del equilibrio fiscal una bandera política y simbólica. En un país con una larga historia de déficits estructurales, el anuncio de un superávit primario en 2024 fue presentado como un hito histórico, una muestra de “responsabilidad” y “austeridad virtuosa”. Sin embargo, una lectura más detallada de la contabilidad pública, el contexto macroeconómico y las decisiones de política fiscal revela que este resultado no necesariamente representa una mejora estructural ni sostenible de las finanzas del Estado. Por el contrario, se apoya en mecanismos transitorios, decisiones contables discutibles y un ajuste regresivo que deteriora severamente el tejido social y productivo del país.

Resultado fiscal desde 2015

El resultado fiscal como proporción del PBI ha sido sistemáticamente negativo en Argentina a lo largo de la última década. Desde 2015, el país registró déficits primarios y financieros de magnitud, profundizados por el impacto de la pandemia en 2020. En ese contexto, el cambio de signo observado en 2024, con un supuesto superávit primario estimado en torno al 0,3% del PBI y acompañado por una narrativa oficial que lo presenta como un hito histórico, plantea el interrogante acerca de si dicho superávit efectivamente se traduce en mejoras productivas, sociales y en una mayor eficiencia del Estado, tal como sostiene el discurso del gobierno.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEI Cancillería y OPC

*Datos estimados en base a la ejecución presupuestaria a agosto 2025

Según datos oficiales del Ministerio de Economía, en 2024 el resultado fiscal primario registró un superávit del 1,8% del PBI, mientras que el resultado financiero alcanzó el 0,3% del PBI. Sin embargo, si se incorporan los intereses de deuda que el propio ministro no contabilizó, el balance fiscal real arroja un déficit cercano al 0,2% del PBI, equivalente a aproximadamente 1 billón de pesos. Diversas estimaciones advierten que este resultado podría ser aún más severo en 2025.

Frente a este panorama surgen dos interrogantes centrales: ¿cómo se construyó el relato del “superávit fiscal”? y, en segundo lugar, ¿este supuesto cambio en la administración del Estado es realmente estructural y eficiente, o responde intereses del sector financiero?

¿Cómo se construyó el superávit?

El resultado fiscal primario en 2024 no se explica por un aumento significativo de los ingresos ni por una mejora en la eficiencia del gasto, sino por dos mecanismos principales:

Capitalización de intereses. El gobierno ha recurrido a la capitalización de intereses de instrumentos de deuda de corto plazo como las Lecaps, Boncap, LEFI y PR17, evitando así su registro como gasto corriente. En la práctica, estos intereses no aparecen como erogaciones en caja, pero representan el verdadero costo del endeudamiento que el Tesoro coloca en el mercado local para financiarse. Si bien se trata de una práctica legal, constituye una maniobra contable que distorsiona la comparación intertemporal de las cuentas públicas y oculta parcialmente el costo financiero real del Estado.

Licuación del gasto público: En un contexto de inflación elevada, el gasto primario ha caído en términos reales. Para 2024 el gasto en jubilaciones cayo 15,5%, las transferencias a provincias 75,6%, la inversión en obra pública 76,6%, los subsidios a la energía 37,3%, subsidios al transporte 35,5%, transferencias a universidades 25,1%. Esta estrategia de ajuste, basada en la erosión del poder adquisitivo, tienen una correlación directa con el nivel de actividad.

¿El cambio en la administración del Estado es realmente estructural y eficiente, o responde intereses del sector financiero?

El superávit fiscal primario se ha logrado en un contexto de recesión profunda, caída del consumo, aumento del desempleo y deterioro de los indicadores sociales. El ajuste no ha sido neutro: ha recaído de forma desproporcionada sobre los sectores más vulnerables, mientras que no se han implementado reformas estructurales que mejoren la progresividad del sistema tributario ni la eficiencia del gasto.

Además, el gobierno ha prorrogado el presupuesto de 2023 sin aprobación parlamentaria, lo que le otorga discrecionalidad para reasignar partidas y subejecutar gastos. Esta práctica debilita los mecanismos de control democrático y reduce la transparencia fiscal, lo que nos da un indicio de que no hay creadas herramientas estructurales que transformen en los ingresos y gatos del estado. El superávit fiscal de 2024, lejos de ser una señal de fortaleza estructural, parece responder a una combinación de licuación del gasto, postergación de pagos y contabilidad creativa.

Existe, sin embargo, un sector que sí resultó beneficiado por los cambios en la estructura del Estado: el sector financiero, que dispone de la capacidad de convertirse en prestamista del propio Tesoro. Si se observan los gastos en intereses capitalizables y no capitalizables durante 2024, se advierte que fueron precisamente los intereses la única partida que mostró crecimiento.

En síntesis, mientras se aplicaban recortes a jubilaciones, universidades, transferencias a provincias y obra pública, y el país ingresaba en recesión, los recursos se dirigían hacia el sistema financiero. No se trata de un ajuste ni de un verdadero superávit, sino de una redistribución del ingreso desde jubilados, universidades y provincias hacia bancos y fondos comunes de inversión.