Por Angelo Vergara

Durante los gobiernos justicialistas de 1946 a 1955, la política crediticia fue concebida como un instrumento estructural de transformación económica, y no simplemente como una herramienta de asignación eficiente de recursos. Frente al patrón agroexportador heredado, con un sistema financiero subordinado a intereses rentísticos, el peronismo impulsó una reforma profunda que buscó subordinar las finanzas al proceso de industrialización. La creación del Banco de Crédito Industrial Argentino (BCIA) en 1944 respondió a una demanda histórica: la ausencia crónica de financiamiento de largo plazo para la inversión manufacturera. Esta carencia, limitaba la conformación de un aparato productivo autónomo. El BCIA formó parte de una estrategia más amplia de acumulación orientada a la diversificación productiva y al fortalecimiento de la industria nacional como eje del desarrollo.

En esa misma lógica, la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios en 1946 fue un punto de inflexión que rompió con la lógica automática del sistema financiero liberal. Desde una perspectiva estructuralista, esta medida permitió al Estado orientar el crédito según prioridades productivas y de desarrollo. A través de los redescuentos, la fijación de tasas diferenciadas y la canalización del ahorro interno, se configuró una banca pública al servicio del proyecto nacional. Lejos de concebir al crédito como un bien neutral, se lo entendió como una herramienta de política económica capaz de transformar la estructura productiva, reducir desigualdades territoriales y fortalecer la soberanía. Esta concepción, propia de una tradición latinoamericana crítica, sentó un precedente histórico para pensar al sistema financiero como palanca de desarrollo y no como mero intermediario del mercado.

En contraposición a esa experiencia, el sistema financiero argentino tal como está estructurado hoy no responde a las necesidades de un proyecto de desarrollo soberano e inclusivo. Su diseño actual heredado de la Ley de Entidades Financieras de 1977, concebida en plena dictadura bajo un paradigma neoliberal, privilegia la rentabilidad financiera sobre la producción, la especulación sobre el crédito productivo y la concentración del poder económico sobre la democratización del acceso.  Este marco legal ha convertido a la banca en un instrumento al servicio de intereses privados y extranjeros, en lugar de una herramienta para impulsar la industrialización, la inclusión social y la equidad territorial.

A lo largo de las últimas décadas, las consecuencias de este modelo se han hecho evidentes: la evolución del crédito al sector privado en relación al PBI, comparada entre Argentina y otros países de la región como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, refleja claramente las consecuencias del marco regulatorio impuesto por la Ley de Entidades Financieras. Mientras paises como Brasil y Chile han logrado sostener niveles significativamente más altos de financiamiento productivo, impulsados por sistemas bancarios con mayor participación estatal y regulaciones orientadas al desarrollo, Argentina exhibe una trayectoria errática y persistentemente rezagada. Esta brecha no es casual: la Ley de Entidades Financieras, al desregular el sistema, priorizar la rentabilidad financiera y desvincular el crédito de las necesidades productivas, generó un modelo donde la intermediación bancaria se concentra en actividades especulativas y de consumo, en detrimento de la inversión industrial y las pymes.

El gráfico confirma así lo que el análisis estructural ya señalaba: sin una reforma profunda que reemplace la Ley de Entidades Financieras por una ley que entienda el crédito como herramienta de desarrollo, Argentina seguirá condenada a la escasez crónica de financiamiento productivo y a la dependencia de ciclos de endeudamiento y fuga de capitales.

Lo difícil de no tener un marco regulatorio adecuado para impulsar el desarrollo nacional son los limites que se establece el modelo ya instalado. Durante los gobiernos de Nestor y Cristina, se implementó una batería de políticas para reorientar el crédito hacia la inversión productiva, combinando el fortalecimiento de la banca pública (Banco Nación, BICE) con instrumentos innovadores. Se lanzaron líneas sectoriales como PROCREAR para vivienda y PROCEDER para agricultura familiar, complementadas con tasas subsidiadas y garantías estatales para pymes a través del FONDEP. El Banco Central impulsó regulaciones clave, como la obligación a bancos privados de destinar el 5% de sus depósitos a pymes (Resolución 21/2009), mientras herramientas como los Bonos CER y fondos fiduciarios (FONDAR, FONSOFT) canalizaron recursos hacia infraestructura y tecnología.

Los resultados de este plan activo de reorientación del crédito muestran como consecuencia una creciente tasa de inversión, lo que hace que el aparato productivo nacional se transforme. Desde 2003 a 2008 con una tasa de interés real en persistente caída se crearon más de 33.000 empresas por año. Esto no solo es producto de la tasa de intereses, es producto de un plan nacional de desarrollo que logro orientar objetivos bajo el modelo económico justicialista.

Estas medidas lograron aumentar el crédito al sector privado del 9% al 15% del PBI entre 2003 y 2011, aunque con limitaciones estructurales, como la persistencia de la Ley de Entidades Financieras y la resistencia de la banca privada a ampliar el financiamiento productivo a largo plazo. La estrategia peronista demostró que, incluso sin reformar la LEF, la intervención estatal activa puede reorientar parcialmente el sistema financiero, aunque su sostenibilidad requería cambios normativos más profundos.