Por Yanina Belen Fernandez

Desde la crisis de 1970, con el fin del régimen de acumulación fordista, el neoliberalismo fue ganando terreno y puso en jaque al rol del Estado de Bienestar.  Argentina y Latinoamérica no han estado ajenas a esto y junto con la instalación de dictaduras cívico militares, el modelo económico instalado avanzó en la reducción de impuestos progresivos y en el incremento de concentración de la riqueza.

Luego de la década de 1990 el sistema financiero, tanto global como nacional, ha presentado crecientes problemas de evasión, donde el negocio financiero-rentístico nota tener pilares en la desregularización y la creciente concentración económica junto a comportamiento oligopólico por parte de los diferentes agentes financieros.

El debate sobre la progresividad en materia fiscal tributaria ha vuelto a la agenda pública luego de la crisis mundial por el COVID-19, fueron varios los dirigentes políticos a nivel mundial que han marcado la necesidad de implementar un impuesto global a los tecno-ricos del siglo XXI, dueños de más del 90% de la riqueza mundial. Ante los diferentes escenarios de crisis y ajuste, el sector trabajador ha sido el que más sufrió a lo largo de la historia, dada la disminución del poder adquisitivo, del salario real y la constante aceleración de precios.

Sin un sistema tributario progresivo y justicialista, no es posible plantear mejoras reales. Identificamos como impuestos progresivos a aquellos donde la tasa se incrementa a medida que lo hace el monto del hecho imponible, estos son los que gravan los Réditos y ganancias ( para personas físicas y jurídicas), el Patrimonio empresarial y personal (Patrimonio Neto, Capitales, Activos, Ganancia mínima presunta, Bienes personales, entre otros), las operaciones cambiarias, la transmisión gratuita de bienes y los derechos a la exportaciones. Por su lado, los impuestos regresivos son aquellos que se aplican sobre las ventas, el IVA, los derechos de importación y el Monotributo.

Un poco de historia: el modelo tributario progresivo y justicialista vs el modelo regresivo liberal

El sistema tributario argentino moderno hasta 1930 estuvo marcado por la resistencia a la implementación de tributos progresivos junto con una presión tributaria inferior al 10% en términos del PBI.

En 1943, con las presidencias de Ramírez y Farrel se comenzó un proceso transformador, se lograron modificaciones en el impuesto a los Réditos y se creó el impuesto a los Beneficios Extraordinarios.

Tras la llegada al poder de Juan Domingo Perón se pudo reorientar la política económica en el marco de la Industrialización sustitutiva de Importaciones (ISI), el carácter redistributivo del rol del Estado empezó a verse como algo primordial en la agenda política. La política fiscal justicialista se basó en principios anticíclicos, los planes quinquenales tenían como pilar incentivar la producción, el consumo y las inversiones, el cambio de paradigma fue evidente, el hombre comenzaba a verse como un agente social.

En 1947, bajo el mandato de Ramón Antonio Cereijo en el  Ministerio de Hacienda, se creó la Dirección General Impositiva, con el objetivo primordial de perfeccionar las instituciones y poder optimizar el uso de los recursos existentes de la época, de esta manera con esa creación se pudo reforzar la administración de los recursos tributarios, aumentando de manera sostenida la recaudación en términos de PBI

Si bien se implementaron algunos tributos no progresivos, el peronismo le aportó progresividad a la estructura tributaria, avanzando hacia un sistema moderno para la época, logrando niveles récord de recaudación, pasando a tener en 1949 una presión tributaria nacional del 15% del PBI.

Los lineamientos fiscales fueron los instrumentos que utilizó el Estado para poder hacer frente a sus gastos, con una recaudación eficiente, correcta regulación y orientación económica hacia la inversión productiva que permitía el desarrollo de las economías regionales. Lo primordial del sistema era el equilibrio, se intentó lograr un marco legal que acompañe a la estabilidad económica para regular las relaciones entre el empresariado, los trabajadores y el fisco.

Entre 1955 y 1973 el sistema impositivo empezó a transitar un gran deterioro, entre gobiernos conservadores, golpes militares y gobiernos radicales con mirada desarrollista no hubo grandes transformaciones, mucho menos voluntades para mejorar la estructura tributaria nacional.

En 1973, con la llegada de Cámpora y Perón, luego de la proscripción del peronismo, comienza a implementarse un pacto social, junto con ello se envía al congreso una reforma tributaria que ayudó a fortalecer la imposición directa y modificó cuestiones en la indirecta, esta reforma ayudó a introducir mayor progresividad: se creó el impuesto a las ganancias, reemplazando al impuesto a Réditos y ganancias eventuales, se gravaron los dividendos en personas físicas fijando un criterio de variación entre patrimonios para determinar la base imposible en sociedades, se creó el impuesto a la renta normal potencial a las tierras aptas para la explotación agropecuaria, aunque este no llegó a implementarse; se creó el impuesto a la tierra libre de mejoras, se adoptó el IVA que sustituyó al impuesto sobre las ventas, se reimplantó el impuesto a la herencia en Capital Federal y otros territorios nacionales, el cual se había derogado en 1972 y se estableció el impuesto al patrimonio neto de las personas con un mínimo no imponible alto y tasas marginales progresivas.

Algo para destacar de esta reforma, es que el IVA en 1973 era un impuesto sofisticado, que recién comenzaba a implementarse en países centrales, a su vez en esa época no representaba la regresividad de hoy día ya que la tasa general de ese momento era del 13% y una tasa del 21% para el consumo de bienes superfluos o suntuarios, con exenciones a los bienes de la canasta básica y una tasa 0% para las exportaciones.

Lamentablemente esta última reforma justicialista no vio la luz en su totalidad, con el pronto fallecimiento de Perón y la llegada del golpe cívico militar se impidió su implementación.

Desde 1976, la desregularización del sistema financiero se fue acrecentando, profundizando la regresividad tributaria e incentivando la evasión fiscal en la economía, los logros progresivos en el plano tributario fueron desmantelados, junto con la ley de entidades financieras, los cambios normativos colaboraron a que los depósitos bancarios, la compraventa de acciones y títulos quedaran eximidos de impuestos, en sintonía con la liberalización del sistema financiero en su conjunto.

El discurso de época que justificaba las reformas financieras de ese entonces era que las regulaciones reprimían el sistema generando distorsiones que desincentivaban el ahorro, la inversión como asi también impedían la correcta asignación de recursos dentro de la economía, debido a eso, la desregularización del mercado junto con la eliminación de impuestos  lograrían al desempeño económico de manera eficiente. Con Martínez de Hoz a cargo del ministerio de economía, las modificaciones tributarias acentuaron las tendencias regresivas, un ejemplo concreto fue la eliminación del impuesto a las herencias.

Durante los primeros años de la dictadura militar, si bien la situación fiscal mejoró debido a los grandes ajustes, el proceso de la revalorización financiera logró incrementar la rentabilidad de las “inversiones” financieras en desmedro de las actividades productivas, las cuales se vieron totalmente socavadas por la brutal competencia importadora y los altos costos financieros. Las elevadas tasas de interés y la asignación de crédito desmedido, profundizaron la inestabilidad de precios, los niveles de endeudamiento externo y público fueron siderales, al punto que la deuda externa alcanzó en 1983 un nivel del 70% del PBI

Entre la década del 80 y 90 lo único que se logró fue una profundización del sistema neo liberal, tras la hiperinflación de Alfonsín, llegó la convertibilidad y con el 1 a 1, el sector financiero y la banca privada lograron altos niveles de rentabilidad a costas del consumidor. Para hacer frente a los problemas fiscales y las mayores necesidades de solvencia por el aumento de los servicios de la deuda  se incrementó el IVA pasando de un 13% en 1990 al 21% en 1995. A su vez se reformó el sistema previsional, con todas estas medidas se incrementó la presión tributaria de manera regresiva alcanzando un 20% del PBI.

La actualidad , los desafíos vigentes y la necesidad de implementar un sistema tributario progresivo y  justicialista

Desde 1980 a 2023 la estructura porcentual de la recaudación tributaria no ha sufrido cambios significativos, más del 50% de la recaudación se ha sostenido gracias a los consumidores y trabajadores.

En promedio, durante el periodo, los impuestos internos sobre bienes y servicios aportaron el 39,50%,  los aportes y contribuciones a la Seguridad social 19,45%, mientras que los tributos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias solo aportaron un 14,01%.

Este sencillo análisis de 4 décadas de la estructura de la recaudación nacional refleja los desafíos vigentes y la necesidad de transformar el sistema tributario nacional, revisar las grandes fallas en cuestiones de progresividad y eficiencia, algo que es característico no solo en el país sino también en la región latinoamericana. Pese a esto, no debemos perder de vista que solo los gobiernos peronistas han sido quienes tomaron medidas de tinte progresivo, gravando a los sectores económicos especulativos y aportando una mejora en materia redistributiva.

En 2003 comenzó un nuevo modelo económico, luego de la crisis, se adoptó una nueva mirada con intención de cambio. Bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se planteó una reforma impositiva, el eje central fue mejorar y ampliar el Impuesto  a las ganancias y la aplicación de retenciones a las exportaciones, estas modificaciones lograron una presión tributaria promedio de 30,3% puntos del PBI

Ante el nuevo escenario económico desde la crisis de 2008, agudizado por la pandemia COVID-19, se puso en escena la desigual distribución de los ingresos en el mundo, estamos viviendo un periodo donde el el 1% más rico del mundo posee el 43% de los activos financieros globales y donde solo dos multinacionales son propietarias del 40% del mercado mundial de semillas.

Un hito importante en lo tributario, en el escenario post pandemico fue la sanción de la ley 27605 mediante la cual se estableció un aporte único a todos aquellos que poseían más de 200 millones de pesos El principal objetivo de este aporte fue poder amortiguar las consecuencias de la pandemia. El aporte lo realizaron un aproximado de 12.000 personas pertenecientes a los deciles de mayor ingreso y de ahí que decimos que fue una medida progresiva. Los recursos recaudados al 17/12/2021  alcanzaron a los $247.503 millones y el destinos de los mismos fue el seguiente: 20% a la salud pública, 20% para subsidios de PyMes, 20% Educación pública y programas educativos, 15% al Fondo de Integración Social Urbana (FISU) y 25% para proyectos de Inversión pública relacionados a programas de la Secretaría de Energía.

Medidas como el aporte extraordinario de la ley recién mencionada, merecen ser implementadas de manera permanente, integrando esa imposición a la masa de ingresos fiscales del Estado Nacional, se lograría disminuir en aproximadamente en un 10% la evasión fiscal, lo que ayudaría a resolver gran parte del déficit que enfrentan las arcas públicas. 

A casi dos años del lanzamiento de la Escuela Justicialista, cabe recordar algo que dijo nuestra compañera y hoy presidenta del Partido Justicialista, Cristina: «Me quejo de los que tienen plata y no pagan impuestos. No de los que reciben planes sociales» , haciendo alusión al 4,6% del PBI que el Estado Nacional destina a las exenciones impositivas y beneficios tributarios para los sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que en políticas sociales solo se destina el 1,4% del PIB.

En un escenario donde continúa la escasez de dólares, las altas tasas de evasión fiscal, la pobreza e indigencia siguen creciendo junto a la informalidad laboral, el aumento de los beneficios impositivos a sectores exportadores y formadores de precios, la disminución porcentual en la recaudación de tributos como los derechos de exportación, la  alta tasa de evasión como el faltante de divisas, siguen dificultando llevar a cabo políticas públicas redistributivas.

Hoy día el nivel de evasión representa aproximadamente el 2,9% del PBI, gracias a las ventanas legales que posee el propio sistema tributario nacional. Se calcula que si la evasión fiscal podría reducirse a 0%, la recaudación fiscal pasaría de representar del 24,8% al 45% del PIB, ayudando a mejorar la situación deficitaria actual.

Se debe enfrentar la realidad con nuevas medidas transformadoras y verdaderamente de cambio con un Estado presente, que articule las necesidades del empresariado nacional, los trabajadores, el agro y el sector financiero, logrando el verdadero equilibrio y la justicia social que nos identifica , un Estado que repatrie los fondos necesarios para lograr la estabilidad financiera que tanto esperamos.

Es el Estado y quien esté en el poder quien debe lograr la independencia económica con recursos propios, sin seguir endeudando al país. Es importante mejorar el desempeño recaudatorio del sistema a nivel nacional, reducir el incumplimiento tributario, disminuir los perjuicios fiscales y cambiarios consecuentes de la sobre y subfacturación en las operaciones relacionadas al comercio exterior, disminuir la elusión fiscal devenida de las maniobras comerciales internacionales para finalmente mejorar y optimizar la eficiencia de la administración tributaria y gestión estratégica del gasto.

Es evidente que siempre fue el justicialismo quien intentó detener el hiato de la base imponible regresiva, luchando por reforzar la función de los tributos como instrumento de política fiscal para incentivar la acumulación productiva e intentar morigerar las desigualdades sociales que determina el sistema de acumulación financiera junto a las manos visibles del mercado. Avanzar en este sentido dará más coherencia a la política nacional, cuyos avances hacia una mayor progresividad distributiva y en pos de enfrentar poderosos privilegios, han sido indiscutibles en los últimos años.

Como Argentinos y argentinas nos debemos el claro debate de quienes son los que especulan con el hambre, el desempleo y la desregularización económica, debemos identificar quiénes son los responsables de la creciente incertidumbre y la desconfianza por sobre nuestra moneda nacional.  Precisamos como ciudadanos replantearnos un debate sobre justicia social y soberanía política, debe ser este el tiempo histórico que nos sirva de punto de inflexión para gravar la acumulación de riqueza irrisoria de quienes quieren hacer cerrar los números con el pueblo empobrecido y endeudado.