por Felix Schmit

A lo largo de la historia reciente de la Argentina, los planes de estabilización se aplicaron en contextos macroeconómicos profundamente distintos. Lejos de ser respuestas puramente técnicas, estos planes fueron implementados en marcos donde interactuaban variables económicas clave como la inflación, la deuda externa, la situación fiscal, el régimen cambiario y el contexto internacional. Comprender esos marcos permite dimensionar mejor tanto los objetivos como las consecuencias de cada estrategia.

El Plan Austral

Lanzado en junio de 1985 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, fue una respuesta a un escenario de crisis inflacionaria aguda. En ese momento, el país enfrentaba una inflación mensual superior al 30%, con una economía afectada por los desequilibrios heredados de la dictadura cívico-militar, particularmente una deuda externa que se había cuadruplicado entre 1976 y 1983. La economía argentina mostraba un déficit fiscal primario elevado, un sistema de precios completamente desanclado y expectativas devaluatorias constantes. En ese contexto, el Austral se apoyó en herramientas heterodoxas que incluían el congelamiento de precios y salarios, el cambio de moneda, la eliminación de mecanismos de indexación y un intento de concertación social entre trabajadores, empresarios y el Estado. Aunque logró un impacto inicial en la desaceleración inflacionaria, las inconsistencias fiscales, el deterioro de la credibilidad política y la presión externa condujeron a una pérdida de eficacia del programa hacia fines de 1986.

La Convertibilidad

Distinto fue el marco en que se implementó la Convertibilidad en 1991. La economía venía de dos episodios hiperinflacionarios consecutivos en 1989 y 1990, con una inflación acumulada que superaba el 3.000% anual. El déficit fiscal seguía siendo elevado, y el tipo de cambio mostraba una gran inestabilidad. En este escenario, el gobierno de Carlos Menem —con Domingo Cavallo como ministro de Economía— impulsó un programa de estabilización estructural basado en una fuerte disciplina monetaria. Se estableció una rígida paridad cambiaria ($1 = US$1), se prohibió la emisión monetaria sin respaldo en divisas y se ejecutó un ambicioso plan de reformas estructurales que incluyó privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera y reforma laboral. A nivel internacional, el clima era favorable al neoliberalismo, con el Consenso de Washington como doctrina predominante. En términos macroeconómicos, la Convertibilidad logró contener la inflación y estabilizar el valor de la moneda, pero a costa de una creciente dependencia del financiamiento externo, un proceso de desindustrialización persistente y un aumento del desempleo estructural. En la medida en que se profundizaban las reformas, se generaban desequilibrios que, hacia el final de la década, derivarían en una crisis de balanza de pagos y colapso institucional en 2001.

El Plan Motosierra

Aplicado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023, emerge en un escenario macroeconómico caracterizado por un alto nivel de inflación inercial, brechas cambiarias múltiples, déficit fiscal persistente y reservas internacionales netas negativas. A diferencia de los planes anteriores, el de Milei no fue presentado formalmente como un programa de estabilización, pero sus decisiones remiten a esa tradición: una brusca maxidevaluación del 118%, una política monetaria restrictiva con reducción del financiamiento al Tesoro, y un ajuste fiscal drástico vía licuación de gastos en jubilaciones, transferencias y salarios públicos. El gobierno abandonó cualquier forma de ancla nominal o cambiaria directa, optando por una desregulación radical del mercado y un repliegue del Estado en sus funciones sociales y productivas. Esta estrategia se inscribió en un clima internacional volátil y sin financiamiento externo significativo, y en un contexto interno de recesión profunda infundada por el propio plan. Aunque los primeros meses mostraron una desaceleración de la inflación en términos mensuales, el impacto social fue severo, con aumentos de la pobreza, la indigencia y el desempleo urbano. A diferencia de los planes anteriores, donde se combinaban objetivos antiinflacionarios con políticas de estabilización institucional, el Plan Motosierra priorizó el ajuste fiscal por sobre cualquier forma de contención social, generando una fragilidad creciente en el entramado económico y político.

Evolución del Indicé de precios al consumidor a partir del mes siguiente a la aplicación de los planes de estabilización en números índice

Fuente: Elaboración propia en base al IPC serie histórica del INDEC.

Durante los primeros dos meses, la inflación mensual —que en diciembre había trepado al 25,5%— comenzó a descender más rápidamente que en los planes anteriores. Sin embargo, como se observa en el gráfico I, esa desaceleración no fue suficiente para llevar los niveles mensuales a valores por debajo del 10% en el corto plazo, lo que implica que, en el acumulado anual, la desinflación fue más lenta y menos efectiva en comparación con experiencias previas como la Convertibilidad o incluso el Plan Austral.

A diferencia de aquellos planes, que operaban sobre algún tipo de “ancla” (ya sea cambiaria, como en 1991, o de ingresos, como en 1985), el gobierno de Milei optó por una estrategia de shock fiscal sin coordinación de expectativas, sin acuerdos de precios ni contención nominal. Esto implicó que, pese a la caída del gasto público real, los precios siguieran reajustándose con alta inercia, alimentados por la devaluación y la desregulación total del comercio interior.

Además, mientras que en la Convertibilidad la inflación se estabilizó por debajo del 2% mensual durante el primer año, el Plan Motosierra no logró perforar el piso de los dos dígitos mensuales en los primeros cuatro meses de aplicación, con tasas de inflación cercanas al 13% en enero, 15% en febrero y 11% en marzo. En este sentido, la supuesta eficacia del plan en bajar la inflación se relativiza cuando se observa el ritmo acumulado y su impacto estructural, ya que el grueso del ajuste se trasladó a los precios minoristas sin mecanismos de coordinación institucional o amortiguación social.

En resumen, el Plan Motosierra logró un freno relativo en la velocidad inflacionaria, pero sin alcanzar niveles estables o sostenibles. Al no contar con un programa integral de estabilización —que articule política fiscal, monetaria, cambiaria e institucional—, el proceso desinflacionario resultó frágil, regresivo y con costos sociales y económicos significativamente más altos que sus antecesores.

Comparativa de la tasa de desempleo urbano entre antes y después de la aplicación de cada plan de estabilización. En % con intervalos de 6 meses

Fuente: Elaboración propia en base al IPC serie histórica del Ministerio de Economía

En lo que respecta al desempleo urbano, el análisis comparativo de los planes de estabilización revela diferencias significativas tanto en sus enfoques como en sus efectos sobre el mercado de trabajo. Históricamente, los planes aplicados en contextos de alta inflación han tenido como objetivo no solo frenar la dinámica de precios, sino también recuperar cierta previsibilidad en el sistema económico, lo que a corto plazo puede incentivar la inversión y estabilizar el empleo.

Durante los primeros seis meses del Plan de Convertibilidad, implementado en abril de 1991, se observó una reducción tangible en la tasa de desempleo urbano, que descendió en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales, de acuerdo con los registros de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Este fenómeno se explicó en parte por la rápida caída de la inflación, que liberó ingresos reales y estabilizó el consumo, pero también por la entrada de capitales externos que financiaron parte de la expansión inicial. Aunque este proceso fue luego revertido por la pérdida de competitividad y el cierre de industrias, en su fase inicial el programa logró mostrar una mejora coyuntural en el mercado laboral.

En contraste, el Plan Motosierra aplicado por la actual administración mostró un comportamiento radicalmente opuesto. A muy poco de su implementación, ya se evidenciaban efectos negativos pronunciados sobre el empleo, especialmente en el sector urbano y formal. La recesión inducida por el ajuste fiscal, la caída del consumo y la paralización de la obra pública generaron un clima de destrucción de puestos de trabajo a gran escala. Según datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 se registraron caídas intermensuales consecutivas en el empleo registrado privado, junto con una disminución en el empleo asalariado público en las jurisdicciones más expuestas al recorte.

A diferencia de los planes anteriores, el Plan Motosierra no estuvo acompañado por ninguna medida compensatoria que pudiera sostener la demanda agregada o el empleo. Por el contrario, el ajuste se aplicó de forma indiscriminada sobre los principales motores del mercado laboral, como la obra pública, las transferencias sociales y las políticas de protección industrial. Esto, sumado a una inflación todavía elevada, provocó una rápida caída del poder adquisitivo, lo cual intensificó la contracción económica y retroalimentó la pérdida de empleo.