La historia del FMI con la Argentina se remonta a 1956, luego del golpe de Estado que sufre el gobierno de Juan Domingo Perón el 17 de septiembre de 1955 a manos del general Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburú. Desde ese entonces hasta la actualidad, el país atravesó 19 acuerdos Stand-By y 3 acuerdos de facilidades extendidas. De estos 67 años (1956 a 2023), 43 transcurrieron bajo programas del FMI, los famosos 40 años, del fondo.
Estos programas limitaron el crecimiento y el desarrollo del país de forma incalculable. No casualmente el período ininterrumpido más largo de presencia del FMI en el país, entre 1981 y 2004, el país se mantuvo totalmente estancado. Luego, en el período más largo de independencia del FMI, entre 2004 y 2015 (en los hechos el nuevo programa Stand-By vuelve en 2018, pero ya en 2016 Macri les abrió nuevamente las puertas del país para que realicen informes sobre la economía nacional), el PBI per cápita crece un 33% y un 55% si se compara contra 2002 (los 3 gobiernos de Néstor y Cristina). Luego, con la vuelta del FMI y sus recetas, entre 2016 y 2019 la economía se derrumba un 8%.[1]Cabe aclarar que tanto entre 1982 y 2004, como entre 2016 y 2019, la economía mundial crecía y se desarrollaba.
Con la implementación del primer programa del fondo en 1957 el FMI garantizó las primeras políticas para correr al Estado del control de la economía: Eliminó el IAPI, que permitía que el Estado arbitre en la venta de granos en el exterior para usar sus excedentes en el mercado interno (industria, construcción o subsidios al campo); eliminó también la nacionalización de los depósitos y cambió la Carta Orgánica del BCRA con el fin de correr la política monetaria de su interés por el bienestar social. En este período, tanto gobiernos de facto, como los gobiernos de Arturo Illia y Arturo Frondizi generaron nuevos acuerdos Stand By que condicionaron la política económica del país.
Recién en 1974, con Juan Domingo Perón en el poder, el gobierno realiza un pago anticipado de deuda para con el FMI con el fin de ir saldando la deuda y ganar soberanía. Sin embargo, tras la muerte de Perón este proceso nunca se concreta y en 1975 el gobierno vuelve a solicitar un acuerdo con el FMI. Parte de este acuerdo se cumple, pero el FMI al no estar seguro de que el gobierno pueda aplicar el ajuste necesario, espera el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 para desembolsar 100 millones de dólares días después.
En 1976 la deuda total del país en relación al PBI era del 11%, para 2002 esta relación llega al 116%. Este proceso de sobreendeudamiento avalado por el FMI sirvió para adoctrinar la política económica y condicionar gobiernos. Esto ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el que tuvo que firmar 5 acuerdos con el FMI y la incapacidad de pago de la deuda generó el inicio de un proceso hiperinflacionario que durará hasta 1991 y que generó fuertes recesiones y perdidas de poder adquisitivo por parte del pueblo trabajador.
Luego, en la década del 90, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, el FMI sube la apuesta y realiza cuerdos de facilidades extendidas. El primero en 1992 para poder comprar las garantías del Plan Brady, que garantizaba al tesoro de Estados Unidos el repago de su deuda. El segundo fue en 1998 (por USD2.800 millones, el más alto de la historia hasta ese momento) con la condición de implementar un proceso de flexibilización laboral y la privatización del Banco Nación. En este proceso también se otorgaron otros 3 acuerdos Stand-By con los cuales, por condición, se extranjerizaron las bancas privadas y se eliminaron las bancas públicas provinciales y las bancas cooperativas.
En marzo del año 2000, con el país ya sumido en una crisis absoluta producto de las políticas de sobreendeudamiento y ajuste fiscal, el FMI acuerda con el país el Stand-By número 16 por USD7.200 millones (el 4,8% del PBI). Luego, ante el avance de la crisis el acuerdo se amplía a USD22.000 millones. Sin embargo, frente a cada desembolso los dólares se fugaban rápidamente sin ningún tipo de control de capitales por parte del gobierno. Básicamente permitieron que los inversores que habían participado de la bicicleta financiera en los años 90 puedan retirar sus ganancias en dólares a costas del sufrimiento de la nación. Ante la suspensión de nuevos desembolsos por pate del FMI por incumplimientos de las metas impuestas, el país profundiza su crisis y deriva en el estallido social de diciembre de 2001 con 39 compatriotas asesinados a manos de la represión del gobierno nacional.
Con el gobierno de Duhalde se realiza un nuevo acuerdo, pero este se interrumpe con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. En diciembre de 2005 el país paga la totalidad de la deuda con el FMI, un total de $9.800 millones. Esta medida en conjunto con la restructuración del total de la deuda externa llevó al país a un proceso de desendeudamiento que le permitió crecer y desarrollarse en libertad por más de 10 años. Entre 2003 y 2015 el porcentaje de deuda sobre el PBI pasó del 140% al 53%.
A partir de 2016, el gobierno de Mauricio Macri inicia un proceso sobreendeudamiento externo. Luego de la fuerte devaluación de diciembre de 2015, las expectativas sobre un tipo de cambio estable en el mediano plazo eran altas. En ese contexto, el gobierno sube las tasas de referencia y comienza un fuerte endeudamiento a través de las Lebacs a tasas del 38% anual. Dado que el tipo de cambio estaba estable y que no había control de capitales, ingresaban divisas para obtener ganancias elevadas en dólares. Cuando este proceso empieza a agotarse y las reservas del BCRA empiezan a ceder, el mercado le cierras las puertas y el gobierno de Cambiemos decide acudir al FMI.
En tiempo record y por un monto inexplicablemente elevado, el FMI firma un acuerdo Stand-By con el gobierno por USD 50 mil millones (meses después lo eleva a USD56 mil millones). De este acuerdo, en los primeros 14 meses, desembolsa un total de USD45 mil millones. Sin embargo, estos dólares que entraron a las arcas del BCRA se fueron rápidamente en manos de aquellos que habían obtenido importantes ganancias en dólares gracias a las elevadas tasas de interés y el poco control sobre las inversiones financieras. Según Claver Carone, un alto funcionario de Washington, este préstamo tuvo la intención de brindar un apoyo a Macri en las elecciones presidenciales de 2019.
Con la llegada del Frente de Todos al poder se suspenden los giros del acuerdo Stand-By (aún quedaban USD 12 mil millones restantes) e inicia un proceso de “negociación” de la deuda. El 3 de marzo de 2022 el Gobierno Nacional anuncia el cierre del Acuerdo con el Staff del Fondo Monetario Internacional y envió al Congreso de la Nación el correspondiente proyecto de Ley. Se trata de un Acuerdo de Facilidades Extendidas que brinda plazos más largos de repago, y se presentaron metas respecto al déficit esperado para los años siguientes (2,5% del PIB en 2022; 1,9% en 2023, 0,9% en 2024) y el financiamiento monetario del BCRA (1% del PIB en 2022;0,6% en 2023 y 0% en 2024). El nuevo acuerdo otorga USD 45 mil millones y los desembolsos se realizarán luego de revisiones trimestrales de las metas por parte del FMI en los próximos dos años y medio. De esta forma, el FMI financia los vencimientos de USD 18.911,9 millones en 2022, USD 19.161,2 millones en 2023 y USD 4.828,7 millones en 2024.
Este acuerdo se firma con la presión de que ya no había más reservas en el BCRA y ante la posibilidad de caer en un default. El hecho de llegar a estas circunstancias para cerrar el acuerdo hizo que se firme un acuerdo poco beneficioso para el pueblo argentino. Si bien, a diferencia de otros acuerdos de facilidades extendidas, este acuerdo no explicitaba una reforma previsional, laboral o un cambio de fórmula de movilidad, sí exigía una baja en el déficit fiscal en un contexto internacional complejo. A su vez, las revisiones trimestrales generaron un estado de incertidumbre que es perjudicial para la economía argentina ya golpeada por los altos índices de inflación.
Luego, con la victoria de Javier Milei y la vuelta del neoliberalismo financiero en diciembre de 2023 la ecuación cambió. Las exigencias del FMI en cuanto a ajuste fiscal terminaron siendo laxas. Sin embargo, el problema no logra eliminar el cepo y el atraso cambiario se agrava cada día más. En este contexto, el gobierno tiene un rojo en reservas netas de más de 10 mil millones de dólares y la situación de flujos financieros se agrava cada día más. Por esto, ahora anuncian que le solicitan al fondo 20 mil millones de dólares. Esta nueva estafa al pueblo argentino se consolida con la premisa de garantizar nuevamente dólares baratos para una desregulación de la política cambiaria que beneficie a los sectores de siempre.
A lo largo de la historia el FMI sirvió como un organismo disciplinador que marco la política económica de decenas de países (sobre todo en Latinoamérica). Sus intenciones siempre fueron las de garantizar la hegemonía de Estados Unidos y que sus empresas, bancos y capitales financieros obtengan réditos y ganancias extraordinarias. La deuda externa que condiciona nuestra soberanía son producto de sus políticas y los gobiernos cómplices que nos aquejan. Hoy, al igual que hace 6 años, el FMI se interpone en medio de la política nacional para apoyar a un gobierno que implementa sus políticas con gusto y placer.
[1] https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KN?locations=AR
JUSTICIALISMO ECONÓMICO 